lunes, 3 de febrero de 2014

Luces, Cámara, Parot!


Cuando un criminólogo observa la política criminal de nuestro país, atisba rápidamente como en la mayoría de casos se han obviado las soluciones o planteamientos que su ciencia propone. Ya sea en normativas cívicas, intervenciones preventivas, actuariales, o incluso en las infinitas reformas del Código Penal, encontramos frecuentes ejemplos. Aunque si existe uno que ha destacado en los últimos meses es sin duda el de la doctrina Parot. 

El pasado 21 de Octubre el Tribunal de Estrasburgo sorprendió a la mayoría de ciudadanos legos en derecho al dictar su sentencia del caso "Del Río Prada vs. España". Los que algo conocían la materia, ya advirtieron en su momento que se trataba de una decisión judicial tomada al margen, no solo de los  alegados derechos humanos sino contraria a los propios fundamentos en los que se sustenta nuestro sistema de Derecho. La doctrina Parot pretendía modificar la ley y aplicarla a los criminales ya juzgados, pero eso sólo es posible cuando resulta beneficioso para los mismos (materia de primer curso de Derecho). Todos eran conscientes que estaban ante una muerte anunciada, de ahí el poco asombro que causó la resolución en el ámbito judicial.

En el plano político, en un primer momento, el asombro pudo ser veraz debido al desconocimiento generalizado, que la actual casta política tiene sobre cualquier tema de interés nacional. Pero al igual que finge el ministro de turno que conoce de su cargo, las reacciones y opiniones posteriormente emitidas fueron parte de un papel interpretado en pro de los intereses del partido. No tienen mas fin que justificar el discurso populista. Fingir indignación por la decisión de Estrasburgo es parte del juego político, que busca  identificarse con el sentimiento de preocupación social, producto de la situación desinformativa. El barullo de ideas, opiniones y reacciones al respecto ha sido utilizado políticamente para seguir alimentando al recurrente populismo punitivo. 

La inminente excarcelación de terroristas y presos altamente peligrosos ha sido útil publicitariamente para reforzar, más si cabe, el beneplácito social a la recién implantada cadena perpetua revisable. Y aunque ni ello, ni el aumento de penas privativas de libertad, suponga una solución eficaz, es fácilmente vendible a la sociedad, tiene una rápida implantación (lo que aporta una falsa percepción de trabajo bien hecho y ello se traduce en votos electorales) y abren la puerta a nuevas macroinversiones económicas susceptibles de ser "chorizadas". El miedo y la sensación de peligro allanan el camino a la venta de seguridad y prisión, pero los resultados de estos productos no son todo lo deseables que se predica, no construyen una sociedad mejor y mucho menos solucionan el problema del terrorismo o de la delincuencia.

Por si no bastara con todo este desaguisado, ahora, el mismo tribunal que lo condenó, felicita al Estado Español por la celeridad en el cumplimiento de su sentencia. ¿Cómo puede convertirse un error garrafal, en un triunfo? Ya no es cuestión de que el cumplimiento haya quedado al servicio de la demagogia político-criminal, sino que se está premiando el "chabacanismo" de la marca España. Dar el beneplácito a la mala forma de legislar y gobernar un país que nunca ha sido capitaneado por una política de rigor impide avanzar y difumina los barómetros de calidad exigible a nuestros políticos.

Ante semejante panorama, no es de extrañar que los criminólogos desesperemos ante la indignación que provoca conocer el problema, tener analizadas y evaluadas las soluciones y no tener hueco en las administraciones para transmitirlas.
En el caso que nos ocupa, el enfoque criminológico aboga por establecer el factor peligrosidad como algo objetivo. Delimitar una graduación de peligro con la que poder valorar a cada sujeto que cumpla condena y poder discernir entre diferentes peligrosidades que llevaran a tratamientos y prácticas diferentes. Poder detectar a ciencia cierta cuales congregan ese “peligro socialmente alto” que impida la puesta en libertad. A su vez encuadrar a los delincuentes de bajo riesgo en medidas menos punitivas y más resocializadoras. Conjugar rehabilitación y punitivismo en un sistema que discierna de forma objetiva ante qué sujeto estamos en cada momento y que táctica debe emplearse con él. La efectividad en este terreno aumentaría si se llevaran a cabo soluciones más individualizadas. Incluso si el trabajo es el adecuado, la percepción de justicia mejoraría a largo plazo.
La evaluación del riesgo y su posterior gestión es una de las muchas aportaciones criminológicas que pueden aportarse a las Instituciones. Dotar de criminólogos a los equipos técnicos de los juzgados y centros penitenciarios, permitiría dar un nuevo prisma a la política criminal y facultar al sistema de  recursos útiles para la actividad jurídica. Por ello es fundamental que la información al respecto empiece a impregnar el saber popular. Solo así se podrá esperar que se exijan soluciones más eficaces, que ahora no tienen cabida en los programas electorales por no ser objeto de pasión ciudadana. Han de darse a conocer las propuestas criminológicas y superar el rechazo que provocan que los efectos sean visibles a largo plazo.


Tenemos soluciones, quizás no son sencillas de explicar o de entender pero en la intervención delincuencial debería primar la eficacia. Es hora de dar a la criminología la oportunidad de participar junto al resto de profesionales y demostrar que es posible tener una política criminal funcional que nos mejore como sociedad. Puede hacerse. Todo lo demás es teatro!